Defender la publicidad engañosa del Estado

Cuando hoy escuchamos a la abogada del Estado, Dolores Ripoll afirmar que el claim usado durante años en distintos soportes y canales, “Hacienda somos todos” es tan solo una frase publicitaria no sujeta a derecho es correcto y no lo es. En primer lugar deberíamos felicitarnos que un representante legal del Estado, en sede judicial y ante toda la audiencia que por primera vez ve a una representante de la Casa Real, la Infanta Cristina de Borbón sentada en el banquillo de acusados, tenga la sinceridad de abiertamente decir que el Estado nos miente cuando comunica nuestra relación como ciudadanos con la administración. Todos lo suponemos en conversaciones de café que ni somos iguales ante la ley, ni nacemos iguales de derechos, ni los reconocimientos positivados de la Carta Magna tienen que cumplirse. La lista podría ser muy amplia entre el guion que da vida a la sociedad y la representación efectiva que hacen sus actores que, como no es menos, aducen la licencia del autor.

Es practica habitual que los vericuetos de la justicia son insondables y que si el Estado, en este caso a través de la figura política del fiscal o la Agencia Tributaria, no acusa es poco probable que una acusación particular prospere. Sin embargo, si me gustaría apuntar mi extrañeza cuando se defiende a una persona a través de una base argumental, cuando menos dudosa, como es el derecho del Estado a una publicidad engañosa. El Estatuto de la Publicidad del año 1964, ampliado y reformado para su adecuación al marco europeo por la Ley general de publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad) cuatro principios básicos que al caso nos atañen el “Principio de autenticidad, referido a la necesidad de que el público pueda reconocer claramente que un mensaje es publicitario.”  Y define la publicidad engañosa: la que “induce o puede inducir a error a sus destinatarios pudiendo afectar su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor”. También lo es en caso de silenciar “datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios”. Dicho esto, en el desarrollo de la Ley en su Artículo 3 define la Publicidad ilícita: “La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4”. Solo resta recordar que el Artículo 14 de la Constitución dice que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Es decir, hoy asistimos y aunque nos remitan a la jurisprudencia a la defensa televisada de la publicidad engañosa del Estado.

http://www.lavozdegalicia.es/video/espana/2016/01/11/hacienda-aplicable-infanta/0031_2016014698568464001.htm

Publicado por

carlosdeus

Periodista independiente

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s